hasta hoy?

¿Porqué hasta hoy?

Por Emilio D. Santos

"Estamos haciendo las gestiones al más alto nivel". Dijo el Presidente Vicente Fox comentando, que en conversación telefónica, con su homólogo de Estados Unidos, George W. Bush, había abogado en favor del condenado mexicano a muerte Javier Suárez Medina.

Condenado por el homicidio del policía Larry Cadena perpetrado en 1988, Sánchez Medina fue ejecutado por inyección letal en Hunstville, Texas. En reacción a su fracaso, Fox canceló su visita a Texas.

Solicitar clemencia y defender derechos, e incluso protestar en la vía diplomática es completamente valido. Pero una acción unilateral como la cancelación de una visita de estado, constituye ya una violación a la doctrina de no-intervención en asuntos internos de otros estados. Fox podrá cancelar todas las visitas pero con esto no modificará la legislación del estado de Texas, ni sus actos soberanos. Por el contrario, la cancelación por la ejecución de un narcotraficante asesino, perjudica a miles de ciudadanos mexicanos, honestos y trabajadores, a quines supuestamente venia a ayudar durante su visita.

Las gestiones de Fox no surtieron efecto. Pero no porque el presidente Bush no haya querido atender la solicitud de Fox. Simplemente porque Bush como presidente de los Estados Unidos, no es nadie, ni tiene ingerencia alguna para intervenir en un asunto de la competencia exclusiva del estado de Texas. También Fox pidió clemencia al gobernador Rick Perry, pero el gobernador de Texas no tiene facultad alguna para otorgar perdón, simplemente con causa justificada puede aplazar una ejecución por 30 días.

Es la junta de perdones del estado, quien puede suspender la ejecución o conmutar la sentencia y a este punto únicamente la suprema corte de la nación podría haber detenido dicha ejecución.

Las gestiones del presidente Fox, si bien muy populares, estuvieron jurídicamente fuera de contexto, dado que ni el presidente ni el gobernador podrían haber conmutado la sentencia. Pues en un estado de derecho se respeta la división de poderes así como la soberanía de los estados. Simplemente en Texas, la ley se aplica y no es negociable.

Por otra parte ¿Porque a ultima hora? O como se dice “al cuarto para las doce” o ¿Por qué hasta HOY? Suárez Medina fue condenado en 1989 y 14 veces fue aplazada su ejecución. Independientemente de que se este a favor o en contra de la pena de muerte, el punto es que la ayuda para salvar de la pena de muerte al condenado, no se dio oportunamente durante los más de 13 años del proceso judicial.

Se alega que Suárez Medina no sabia que Larry Cadena era policía, sino que pensaba que era otro narcotraficante. ¿Porque no se planteó este supuesto atenuante adecuadamente durante el juicio y las apelaciones? También se alegó que su abogado no estaba en sus cabales. ¿Porque hasta ahora? ¿Será porque hasta ahora se puede sacar provecho, para subir la popularidad, dada la atención que se presta a una ejecución?

En abril de 1997 el entonces condenado a muerte Ricardo Aldape Guerra logró su liberación. El Estado de Nuevo León -de donde era originario Aldape- utilizando calificados juristas logró revocar la sentencia de muerte impuesta por el asesinato de un policía. El gobernador de Nuevo León, actuó prudentemente por las vías adecuadas, sin hacer contactos a alto nivel como, infructuosamente hizo Fox.

En asuntos tan polémicos como la pena de muerte, al calor de la defensa de la propia ideología e intereses, se exteriorizan infinidad de falsedades y disparates jurídicos. La retórica en defensa del sentenciado no le salva la vida. Esta solo permite a algunos abogados a salir del anonimato y brindar exposición pública a políticos y lideres.

Difícilmente alguien no se conmueve, ante el llanto de una madre. Independientemente de lo que haya hecho el hijo, la madre sufre un legitimo dolor ante la eminente muerte de su hijo. Sin embargo, no se debe perder la objetividad y pretender que con la explotación amarillista de tan dramática e intima escena, terminar con el estado de derecho. Mucho menos, si se trata de un caso en que el sentenciado era un narcotraficante.

De acuerdo al informe del año 2001 sobre México, emitido por La Sociedad Interamericana de prensa (SIP) “En el país persiste un patrón de ataques y crímenes contra periodistas llevados a cabo especialmente por el crimen organizado, en particular el narcotráfico”... En el año 2001 tres periodistas fueron asesinados en la región fronteriza, sin que las autoridades hayan informado de avances en el esclarecimiento de los hechos. . . Es posible concebir el dilema que enfrentan muchos periodistas en la zona: o aceptan la sumisión o ponen en riesgo su vida. O para citar un comentario común en la región: deben escoger entre dos metales: oro o plomo.” Estos tres periodistas, fueron ejecutados por narcotraficantes asesinos, como fue el ejecutado Javier Suárez Medina.

Las madres de los periodistas asesinados tanto durante este régimen, como los muchos más asesinados en regimenes anteriores -por el narcotráfico o por su oposición política al sistema- también lloraron la muerte de sus hijos. Mas el llanto de ellas no se transmitió a nivel nacional por la televisión. La muerte de los periodistas no mereció la mínima atención presidencial, ni mucho menos la cancelación de algún evento.

Independientemente a lo reprobable de la conducta del ejecutado. El gobierno de México tiene la obligación de procurar la mejor defensa a sus ciudadanos. Pero en ese caso, fue fuera de tiempo y completamente inadecuada la actuación de la administración de Fox.

Se argumentó en este caso, que Texas violó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, conocida bajo sus siglas VCCR. El Articulo 36 del VCCR da el derecho a las autoridades consulares a visitar y asistir a sus ciudadanos arrestados o detenidos. La convención no previene la obligatoriedad de notificación de detenidos, salvo que se determine de acuerdo a los términos de los convenios bilaterales entre los países, obligatoriedad que entre México y Estados Unidos no se ha establecido.

Entre México y Estados Unidos la asistencia consular se debe prestar sólo a solicitud del detenido o acusado. Los casos de homicidio llaman mucho la atención del publico, por lo que francamente es muy difícil de creer que puedan pasar desapercibidos a las autoridades consulares, en el supuesto de que la autoridad estatal negara el derecho a la asistencia consular.

Los ciudadanos tejanos aprueban la pena de muerte, en más de un 80 por ciento. La minoría que se oponen lo hacen sin coordinación, por tener puntos controversiales entre los mismos grupos. Los opositores únicamente coinciden físicamente en vigilias y protestas fuera del lugar de ejecución, cuando ya realmente no puede hacerse nada por salvar la vida del condenado.

Quienes se oponen a la pena de muerte, argumentan que este castigo no detiene el crimen. Sin embargo, las estadísticas publicadas durante la administración Clinton, reportaron una disminución del crimen por sexto año consecutivo y específicamente el homicidio con una reducción del 8 por ciento.

Esta continua según los recientes informes de disminución de crimen hechas por Administración Bush. Es indudable que el crimen violento en los Estados Unidos ha disminuido y en el caso especifico en Texas el índice de crimen viene disminuyendo constantemente desde la década de los noventas.

Cuando en China se castigaba con la pena de muerte a los ladrones, estos asesinaban a sus victimas para eliminar testigos, pues la pena era prácticamente la misma. A la inversa también se da cuando la pena es prácticamente la misma por delitos no violentos que por homicidio, o si prácticamente es el mismo castigo, por matar a una o a varias personas, o casi el mismo por haberlas mutilado o torturado antes de matarlas.

La vida humana es sagrada y para defenderla esta el derecho a la legitima defensa de la propia vida y de la familia, aun a costa de la vida del agresor. El estado tiene la obligación de defender la vida de sus ciudadanos aún a costa de la vida de enemigos externos o internos que atenten contra la vida de sus ciudadanos.

Con agregar sentencias de cárcel no se evita que los narcotraficantes sigan operando tras las rejas e incluso ordenando ejecuciones. Desde luego, la ejecución de asesinos, no acabara con el narcotráfico, ni con el crimen. Pero; al menos brindara a los ciudadanos honestos cierta seguridad de que los criminales podrán continuar gozando de impunidad, en tanto no asesinen, secuestren, mutilen y violen a inocentes.

Fox critica a Texas donde el crimen viene disminuyendo, siendo que es presidente de un país donde sucede todo lo contrario, donde impera la inseguridad y la impunidad. Donde en el Distrito Federal “La vida no vale nada”, como dice canción Caminos de Guanajuato, su estado.

Sí bien es cierto que en México la pena de muerte no se aplica actualmente, la Constitución Mexicana la permite y regula en su Articulo 22. Por lo tanto, el presidente Fox, en lo personal podrá estar en desacuerdo con la pena de muerte, sin embargo como presidente de México, tiene la obligación de respetar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, como protestó cuando tomo posesión.

Es innegable que con la pena de muerte los errores judiciales son irreparables. Por lo que debe mejorarse el sistema, para darse toda oportunidad de defensa al acusado. Es deseable que la pena de muerte se aplique lo menos posible, aunque debe de aplicarse la misma pena también a los policías que asesinan inocentes. Cuestión que ya he opinado anteriormente, refiriéndome a casos específicos en Texas.

La pena de muerte siempre será motivo de controversia. Debe debatirse y discutirse con seriedad. La demagogia y la mentira no es la mejor forma de hacerlo. "Yo siempre me opongo y me opondré a la Pena de Muerte, por inhumana pero en este caso no firme la petición, porque no podemos combatir algo incorrecto argumentando mentiras" afirmo uno de los lideres que se negaron a firmar una petición que en varias iglesias católicas estaban haciendo para pedir al gobernador de Texas, no vetar una ley que prohibía ciertas ejecuciones.

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