Por
Emilio D. Santos
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra,
aprobó una resolución -que debería ser una condena-
que exhorta a Cuba a realizar esfuerzos adicionales para avanzar en el
campo de los derechos civiles y políticos.
El voto de México, provocó
airadas protestas de algunos legisladores
mexicanos pertenecientes al PRI y PRD. Estos legisladores organizaron
un “desagravio” a Cuba. Los legisladores
dijeron incluso que el voto de México era una violación a la Constitución
Mexicana.
Los legisladores posiblemente no entienden
bien lo que la constitución de su país, establece en la fracción X
del articulo 89, como
facultades del Presidente: “Dirigir la política exterior y celebrar tratados
internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado”. A esta fracción
-como las innumerables modificaciones constitucionales que vinieron haciendo al capricho del presidente en turno- el
Presidente Miguel de la Madrid le adiciono: “En la conducción de tal política,
el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos:
la autodeterminación de los pueblos; la no intervención” conocida como
Doctrina Estrada.
De
acuerdo al criterio del Canciller Estrada manifestado el 27 de septiembre de
1930, frente a los cambios de régimen político de cualquier país, el gobierno
mexicano se abstendrá de reconocer gobierno alguno limitándose a mantener o
retirar agentes diplomáticos. Dado que la practica internacional de
reconocimiento de gobiernos es contraria al principio d e la no intervención.
El
principio de no intervención, se
refiere a la intromisión de un
estado en los asuntos propios de otro, con la pretensión de imponerle una
determinada orientación en la política nacional o internacional.
Votar por
una exhortación, o incluso la condena por violación de derechos humanos, no
viola en ningún momento la doctrina Estrada no el Principio de No Intervención.
México debe condenar cualquier violación de derechos humanos, sea cual
sea la ideología política del violador. Esto lo ha hecho con otras naciones,
por ejemplo con Sudáfrica
incluso imponiéndole a su racista gobierno bloqueo comercial, sin causar
protestas. Por lo tanto también debe censurar cualquier violación que se de
incluyendo Cuba y Venezuela, aunque protesten los diputados por estos actos, que
por cierto no son de su competencia legislativa
La constitución establece que, no los
diputados, sino
el Senado tiene la facultad exclusiva en términos de la fracción I del
articulo 76 constitucional, de
analizar ( no de dirigir) según el
informe anual, la política exterior desarrollada por el ejecutivo.
Pero dejando a un lado la ignorancia de los
legisladores, en materia constitucional y derecho internacional, lo importante
es saber que es lo que realmente esta pasando en Cuba.
El pasado 27 de febrero, durante el asalto
protagonizado por 21 cubanos a la sede diplomática mexicana, los periodistas
Andrew Cawthorne y Alfredo Tedeschi,
ambos corresponsales de la agencia Reuters, acreditados en Cuba, fueron
agredidos por agentes de la Seguridad del Estado para impedir que cubrieran la
noticia. A Tedeschi le incautaron su cámara de video, impidiendo la transmisión
de las imágenes.
La Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, que agrupa a la mitad de los 120 profesionales independientes en la isla, y la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunciaron los hechos como expresión de una ola represiva desatada por las autoridades tras los incidentes ocurridos en la Embajada de México en La Habana.
El incidente
represivo en la embajada de México, no es de ninguna manera un hecho
aislado. Continúan desde hace 40 años los
métodos comunes en la isla de
obstrucción del ejercicio profesional, como las llamadas de intimidación, las
detenciones temporales y el traslado forzoso de los reporteros hasta zonas
alejadas de donde transcurren los acontecimientos noticiosos Permanece aún
arrestado Carlos Alberto Domínguez, de la agencia Cuba Verdad, tras un intento
de reportar actividades pacíficas del movimiento disidente el 24 de febrero.
Por eso la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) decidió condenar una vez más
“al régimen totalitario de Castro, por su flagrante violación de la
libertad de expresión y de prensa, y su irrespeto absoluto de los derechos
humanos”.
El gobierno de México simplemente votó como a la
mayoría de los países, incluyendo a casi todos los países latinoamericanos.
Solo Brasil se abstuvo, únicamente
Cuba y Venezuela votaron en contra
de la resolución. De otros continente votaron en contra entre otros
Sudáfrica, Libia, Nigeria y Argelia.
El voto del gobierno de Venezuela era de esperarse, pues adolece del mismo mal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se vio obligada
a adoptar medidas cautelares para proteger de tales hechos de violencia
animada desde el gobierno de Hugo Chávez a distintos medios de comunicación y
periodistas venezolanos, sin que las autoridades oficiales hubiesen dado un
adecuado cumplimiento a las mismas. Por eso también la SIP condenó
los hechos antes mencionados y manifestar su grave preocupación por la actual
situación de la libertad de expresión en
Venezuela donde los Derechos Humanos, de manera general, están siendo
objeto de violaciones sistemáticas y generalizadas por el gobierno de Chávez.
Los defensores de Castro, en lugar de organizar “desagravio”,
deberían leer bien su
constitución, enterarse de lo que
esta sucediendo y reconocer que en
lugar de condena, tan solo se le dio una tibia exhortación a Cuba.